Tras 40 años de vacaciones, catorce de felipismo y seis de zetaperismo, parecía que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, por si alguien lo ha olvidado) no podía denigrar más a la clase trabajadora, pero como en los circos de cinco pistas, el PSOE ha logrado el más difícil todavía. Esta semana se ha sacado de la chistera dos asuntos de gran calado para los trabajadores de este país, nos referimos al intervencionismo patronal contra el colectivo de controladores aéreos, y el conocido “pensionazo”, que baraja entre otras lindezas, alargar la edad de jubilación y ampliar el cómputo de años trabajados para poder acceder a una pensión. En este escrito nos referiremos solamente al caso de los controladores aéreos, no por ser el de mayor importancia, sino por estar más perfilado desde el punto de vista legislativo, porque con el “pensionazo” aún estamos en esa fase tan querida por el PSOE, la de los globos sonda, aunque conociendo a los protagonistas, no resulta difícil adivinar que más temprano que tarde esos globos terminarán convirtiéndose en lluvia ácida sobre la clase trabajadora.

Sabido es, como repetía Nanni Moretti en su película “Palombella rossa” (1989), que “las palabras son importantes”, y más aún si éstas son adjetivos que matizan y contextualizan la cuasi neutralidad de sustantivos y verbos. Sin embargo, para acercarnos con una mayor precisión a la catadura (in)moral de quienes se esconden detrás de estos actos bajo las siglas del PSOE, aunque ya no sabemos si se esconden o son parte intrínseca de las mismas, utilizaremos la siguiente hipótesis de trabajo sobre unos hechos ocurridos sobre los que intentaremos, en la medida de lo posible, incluir las mínimas valoraciones personales.

Imaginemos que un colectivo de trabajadores de una de las pocas empresas públicas que quedan en España después del terremoto liberalizador de Felipe González y José María Aznar, agrupados precisamente entorno a un sindicato, tienen, gracias a su capacidad de presión y negociación unitaria, unas condiciones laborales sobresalientes en comparación con la de sus homólogos europeos. Situación a la que si le aplicásemos el sentido común, debería ser motivo de orgullo para los usuarios del servicio, e incluso para los propios directivos de la empresa, que además de tener salarios más altos que estos trabajadores, serían los responsables últimos de elevar considerablemente el nivel de riqueza del país gracias al mantenimiento del poder adquisitivo, y por tanto de la capacidad de consumo, de este sector, máxime si lo comparamos con los once millones de mileuristas que existen actualmente en España y que apenas pueden bajar al supermercado de la esquina.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A los directivos de esta empresa que un sindicato consiga luz verde para sus reivindicaciones en la mesa de negociación, previo ejercicio de la presión correspondiente, faltaría más, ya les parece lo suficientemente intolerable como para saltarse las reglas del juego y romper la baraja. Y para colmo, en este caso aún tiene menos justificación la ruptura del convenio acordado porque el dueño de la empresa tiene una posición privilegiada legislativamente hablando que le ha permitido aprobar un decreto-ley devolviéndole a él mismo la regulación de las condiciones laborales de sus trabajadores. Es más, como medida ejemplarizante para que esta situación no se repita nunca más, el empresario ha acordado liberalizar el sector para poder contratar a otros trabajadores en peores condiciones económicas.

Convendremos que este relato de los hechos, escasamente trufado de juicios valorativos, aparentemente dibuja un panorama en el que parecen enfrentarse un grupo de trabajadores sindicados, por lo menos de corte espartaquista, o si se nos permite la actualización, de corte sintelista, y una clase empresarial retrógrada, caciquil y autoritaria, defensora del verticalismo sindical. Pues nada más lejos de la realidad, los auténticos protagonistas de esta historia son, y ahora sí introducimos los adjetivos correspondientes, un sindicato corporativo y el partido de un gobierno que se dice socialista. Ahí es nada.

Como es sabido por todos y todas, AENA es una empresa pública controlada por el gobierno, y hace tan solo unas horas ha aparecido en televisión el Ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, afirmando que el real decreto ley en el que se vulneran las condiciones laborales registradas en el convenio colectivo ha sido aprobado para “defender el interés general”, entre otros motivos porque evitará posibles irregularidades en la prestación del servicio cara a las vacaciones de Semana Santa, y porque los nuevos salarios de los controladores supondrán un descuento de las tasas de navegación que repercutirá en el abaratamiento del billete para los usuarios.

Y ciertamente en lo concerniente a la defensa del interés general podemos afirmar que José Blanco no ha mentido, lo que ocurre es que no ha concretado quienes forman parte del grupo empresarial del cual el gobierno se ha hecho valedor de sus intereses generales. Nótese que en un alarde de honestidad o de chulería, el señor José Blanco no ha caído en la demagogia habitual de los políticos hablando en nombre del interés general de los ciudadanos, sino que va tan sobrado que ha omitido la susodicha coletilla dejando su expresión en un ambiguo “interés general”. Ambigüedad que termina por clarificarse cuando recordamos la famosa expresión de Marx de que: “en el capitalismo el poder público viene a ser un verdadero consejo de administración de los intereses colectivos de la clase burguesa”.

Pero ¿quienes están detrás del interés general defendido por el PSOE? Como puede deducirse, la inminente llegada de unas vacaciones de Semana Santa, cruciales para la cuenta de resultados de un sector turístico renqueante por la crisis, ha hecho que el gobierno pisotee los derechos de los controladores metiéndoles en cintura a base de decreto ley, y para mayor escarmiento, echándoles encima a la opinión pública tachándoles de insolidarios al querer mantener sus reivindicaciones en plena crisis económica. Todo un gesto ejemplarizante para aquellos sindicalistas de cualquier orden que aún defienden en la empresa, en la calle y muchas veces dentro del propio sindicato, la vigencia de la lucha de clase.

Pero que el PSOE acometa agresivas medidas contra los trabajadores no debe extrañarnos a quienes llevamos años decididamente convencidos de que la socialdemocracia, o el social liberalismo actual, no solo no es alternativa al capitalismo, sino que tan siquiera puede hacerlo retroceder a tiempos mejores, lo que nos sorprende del caso de los controladores es la escasa atención que éste ha provocado en el mundo sindical, empezando por el cordón umbilical del partido en el gobierno, la UGT, pasando por CCOO y su decidida apuesta, al menos con los estatutos en la mano, por el sindicalismo de clase, y terminando en el más autónomo y autogestionado de los existentes, la CGT.

De los sindicatos mencionados tan solo se ha oído cierto temor a que el intervencionismo del gobierno pueda extenderse a otros sectores donde es de suponer que los sindicatos mayoritarios tienen la representatividad. Conocido es que USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) es un sindicato corporativo, y que por lo tanto difícilmente está legitimado para pedir la ayuda de otros sindicatos de más amplio alcance y de mayor influencia gubernamental, y seguramente por eso no lo ha hecho, pero no es menos cierto que aunque los controladores aéreos sean trabajadores bien remunerados, no dejan de ser trabajadores, y que desde una deseable concepción sindical de clase, cualquier agresión por parte del capital contra uno de nosotros no debería quedar sin respuesta.

De la misma forma que lúcidamente desde el feminismo se entiende que cualquier agresión contra una mujer, independientemente de que sea una administrativa o la mismísima Alicia Koplowitz, no puede quedar sin la adecuada respuesta social y judicial, igualmente debería suceder desde el ámbito sindical. La cuenta corriente de los agredidos no debe anteponerse a su condición, en el caso que aquí nos ocupa, de trabajadores asalariados, ni tampoco su realidad sindical corporativa, pues los que conocemos las formas de proceder de los sindicatos mayoritarios sabemos perfectamente que éstos también se comportan corporativamente cuando entran en conflicto los intereses de la confederación con los de alguna federación, véase el reciente caso de la reciente renovación del consejo directivo de Caja Madrid, en el que CCOO mantuvo dos posiciones bien distintas apoyándose en listas diametralmente opuestas: la Confederación, a través de su Unión Regional de Madrid, apoyaba los intereses de todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid, representados por el sector gallardonista, mientras que COMFIA, la federación de banca de CCOO, apoyó al sector aguirrista a cambio de procurarles a los trabajadores de Caja Madrid mejores condiciones laborales que a los de otras entidades financieras. Al final, COMFIA hizo pasar por el aro a la Unión de Madrid llevándose el gato al agua. Si eso no es actuar corporativamente que venga Marcelino Camacho y lo vea.

Por eso un verdadera mirada de clase hacia la cultura del trabajo, así como una respuesta sindical personalizada para cada sector de la producción, probablemente acabaría con el corporativismo del “divide y vencerás” en beneficio del sindicalismo internacionalista de corte unitario. Pero para ello, los sindicatos que dicen considerarse de clase deberían condenar y frenar, no solamente esta iniciativa del PSOE respecto a los controladores aéreos, que claramente vulnera los acuerdos suscritos en el convenio colectivo, sino también todos aquellos ataques que tengan por objetivo minar la capacidad de negociación y de presión de cualquier colectivo de trabajadores.

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